PRI intenta contrarreforma en derechos humanos

Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) delinea una política de Derechos Humanos (DH) regresiva al buscar neutralizar los efectos positivos de la reforma constitucional en la materia publicada en junio de 2011, advirtieron activistas. [caption id="attachment_190309" align="alignright" width="231"] Francisco Agustín Arroyo Vieira.[/caption] El pasado jueves el diputado federal priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de “contrarreforma” para modificar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de DH. De acuerdo con la propuesta, que a decir del legislador pretende facilitar la interpretación constitucional de los jueces, debe prevalecer el texto constitucional sobre los tratados y las interpretaciones de organismos internacionales. Ante esta iniciativa un grupo de activistas se pronunciaron en contra de lo que calificaron como una intentona priista de regresar al viejo sistema de jerarquías que, según las y los defensores de DH, restringe los derechos ganados por la sociedad civil. Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que el proyecto priista, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es “regresivo”. Mencionó que hay un sector de legisladores priistas que no entendió los alcances de la reforma constitucional en materia de DH aprobada por la pasada Legislatura, misma que en esencia llama a mantener la interpretación más favorable a los derechos de las personas. Amezcua explicó que pretender reformar el artículo primero de la Carta Magna preocupa, porque significaría que en cualquier caso donde exista contradicción de principios entre el texto constitucional y los tratados internacionales, siempre tendrá que prevalecer el primero. Sin embargo, la Constitución mexicana no siempre resulta ser la norma más favorecedora, aclaró. Como ejemplo, el activista mencionó que organismos internacionales han condenado la figura del arraigo por ser contraria a los DH, pero en México es constitucional. Al respecto, Jesús Robles Maloof, abogado e integrante de Propuesta Cívica consideró que no es casualidad que el PRI promueva esta reforma en un contexto donde hay señales de avalar la criminalización de la protesta social, como ocurrió con los operativos del 1 de diciembre en la capital del país. Agregó que aunque la propuesta se cubre bajo el argumento de resolver las contradicciones que se generen en el Poder Judicial, en realidad es un retroceso en el andamiaje jurídico porque resta herramientas de interpretación a los jueces. Robles Maloof expuso que en el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estos tienen un mayor avance en las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en la Constitución mexicana. Si un juez está obligado a hacer una interpretación sobre el derecho a interrumpir un embarazo, de aprobarse la reforma, se elimina la posibilidad de que los jueces retomen sentencias o resoluciones internacionales que favorecen los derechos de las mujeres. El abogado reiteró que es normal que una Constitución no contemple todos los supuestos, por ello las resoluciones internacionales representan un cúmulo de experiencia que ayudan a los jueces a desarrollar y desplegar derechos. Por su parte, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que la iniciativa es contraria a una reforma apoyada por los partidos políticos, incluido el PRI. A decir del defensor, actualmente la Constitución establece la progresividad de los derechos y esta iniciativa no es un cambio para mejorar sino para retroceder, por tanto dijo que es claro que hay un sector político que no está convencido de la trascendencia de favorecer los DH. En este contexto, el activista llamó a los legisladores priistas, quienes en su momento apoyaron la modificación constitucional, a que sean congruentes  y dictaminen esta iniciativa de forma negativa a fin de evitar que sea aprobada. Hay que precisar que reformar la Carta Maga requiere de la aprobación por mayoría calificada, es decir, los votos de dos terceras partes de las y los legisladores presentes en la sesión. Por lo que los activistas confiaron en que la oposición no apoye la iniciativa.